Sheinbaum descarta reintegrar al GIEI en la investigación del caso Ayotzinapa

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes la posibilidad de reintegrar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en los trabajos de investigación sobre el caso Ayotzinapa. La mandataria federal señaló que el esquema de colaboración con organismos internacionales ha concluido y que los esfuerzos actuales del Estado mexicano se centran en las capacidades de la Fiscalía General de la República y las instancias de justicia nacionales.

El GIEI, organismo que fue creado mediante un acuerdo entre el Gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las familias de los estudiantes, fungió durante años como un ente técnico de acompañamiento. Ante los cuestionamientos sobre la continuidad de su labor, el equipo de la Presidencia enfatizó que la soberanía de las instituciones mexicanas es prioritaria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La postura del Gobierno Federal subraya que la investigación sigue abierta, pero bajo un modelo que busca priorizar la autonomía de la Fiscalía General de la República. Según los lineamientos comunicados por la administración actual, el objetivo es fortalecer las capacidades de búsqueda y judicialización interna, evitando la participación de instancias externas que, a juicio del Ejecutivo, cumplieron su ciclo de intervención en años anteriores.

Por su parte, los representantes de las familias han manifestado en diversos foros la necesidad de mantener esquemas de supervisión internacional para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso. A pesar de estas solicitudes, la Presidencia reiteró que no existe una propuesta formal para reactivar el convenio con la CIDH para el retorno de los expertos, manteniendo la ruta de trabajo establecida por el actual gabinete de seguridad y la Secretaría de Gobernación.

La administración de Sheinbaum se ha comprometido a continuar con las mesas de diálogo con los padres de los jóvenes desaparecidos, buscando rutas de entendimiento que no involucren el regreso de grupos de monitoreo externo. El caso permanece como uno de los temas centrales en la agenda de derechos humanos de la actual gestión federal, la cual sostiene que la resolución del mismo depende de la eficacia de las autoridades del sistema judicial mexicano.