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Meta acuerda pago millonario para cerrar demandas por daños a menores

La tecnológica Meta aceptó un pago de hasta 18,000 millones de dólares para resolver litigios relacionados con el impacto de sus plataformas en la salud infantil.

Redacción Multimedios Nacional
Foto: xataka.com.mx

Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, alcanzó un acuerdo extrajudicial por un monto de hasta 18,000 millones de dólares para finalizar una serie de demandas colectivas que señalaban a la empresa por los daños provocados a menores de edad. Este pago masivo, que equivale financieramente a la adquisición de 40 aeronaves Boeing 777-9 a precio de lista, pone fin a un conflicto legal que involucró a 29 entidades y diversas acciones legales iniciadas por familias y autoridades preocupadas por el uso de redes sociales.

El acuerdo se produce tras meses de presión por parte de reguladores y grupos defensores de la infancia, quienes argumentaban que las plataformas de la empresa tecnológica fomentaban conductas dañinas y adicciones en usuarios jóvenes. La resolución busca evitar que el caso continuara escalando en los tribunales, donde la reputación y las prácticas de diseño algorítmico de Meta estaban bajo un escrutinio constante por parte de expertos en salud mental y seguridad digital.

Desde el ámbito jurídico, este pago representa una de las compensaciones más elevadas registradas en el sector tecnológico, marcando un precedente sobre la responsabilidad de las empresas digitales ante las afectaciones reportadas por los usuarios. Aunque la cifra es significativa, el equipo legal de la compañía ha enfatizado que este desembolso no implica una admisión de responsabilidad legal sobre los cargos imputados, sino una estrategia para concluir el litigio de manera definitiva.

En México, este tipo de acuerdos resuenan en las discusiones sobre la regulación de las plataformas digitales y la protección de datos personales de menores. Especialistas del sector sugieren que el impacto de este precedente podría influir en las futuras políticas de seguridad que las empresas tecnológicas implementen en el mercado nacional, ante una creciente demanda por parte de los padres de familia y las instituciones encargadas de la protección de la niñez por entornos digitales más seguros.

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