Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Un grupo de representantes de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud se manifestó este jueves en la capital de Chihuahua para exigir a la gobernadora Maru Campos una disculpa pública. Los inconformes señalan que las autoridades estatales han sido omisas en la atención integral a las víctimas tras las irregularidades detectadas en la operación de dicho establecimiento funerario, el cual fue clausurado debido a denuncias sobre el manejo inadecuado de restos humanos.

Los voceros de los afectados argumentaron que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar justicia y reparación del daño ante la crisis sanitaria y emocional que derivó de los hallazgos en las instalaciones. De acuerdo con los manifestantes, el proceso judicial ha sido lento y carece de una perspectiva clara que priorice el acompañamiento psicológico y el respeto a la dignidad de los fallecidos y sus deudos.

Integrantes de los colectivos enfatizaron que la exigencia de una disculpa pública no es una petición aislada, sino parte de una estrategia para visibilizar las fallas en la supervisión administrativa de los servicios funerarios en la entidad. Asimismo, instaron a las autoridades estatales a reforzar los protocolos de vigilancia en establecimientos privados para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a comprometer la salud pública y la tranquilidad social.

Por su parte, el equipo de comunicación social del Gobierno del Estado indicó que la administración se mantiene abierta al diálogo con los grupos afectados. Señalaron que las dependencias competentes, incluyendo la Secretaría de Salud estatal y la Fiscalía General del Estado, continúan trabajando en las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades legales contra los propietarios del crematorio y los funcionarios públicos que pudieron haber sido negligentes.

Finalmente, los afectados advirtieron que mantendrán sus acciones de protesta y presencia en espacios públicos mientras no se establezca una mesa de trabajo formal con el Ejecutivo estatal. La exigencia se centra en obtener garantías de no repetición y una atención institucional que cumpla con los estándares de derechos humanos vigentes en el país.