Persisten deficiencias en la atención a madres y niños en cárceles mexicanas

Un diagnóstico reciente realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 308 niñas y niños que residen con sus madres en diversos centros penitenciarios de México. El estudio detalla deficiencias estructurales en la atención integral, salud y desarrollo infantil dentro de 66 penales estatales, donde las condiciones no garantizan plenamente el interés superior de la niñez.

De acuerdo con la información recabada por el organismo autónomo, en al menos 72 centros de reclusión del país se encuentran recluidas 306 mujeres que ejercen su maternidad en entornos de encierro. El análisis señala que la infraestructura actual de estos recintos carece de áreas especializadas, servicios de guardería adecuados y programas de alimentación balanceada, elementos indispensables para el crecimiento de los menores que, por ley, pueden permanecer con sus progenitoras hasta cumplir cierta edad.

La CNDH ha señalado que la falta de protocolos estandarizados de atención en los estados impide que los menores gocen de un acceso equitativo a servicios básicos como la vacunación y la educación preescolar. Asimismo, el informe advierte sobre la carencia de personal especializado en pediatría y psicología infantil dentro de los equipos de custodia penitenciaria, lo que complica la gestión de situaciones cotidianas y emergencias médicas para los pequeños que residen en las instalaciones.

Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a los gobiernos estatales para armonizar las políticas públicas con el marco jurídico nacional. La propuesta central de diversos colectivos es que se habiliten espacios de transición fuera de los penales o que se reformen las áreas de maternidad para cumplir con estándares internacionales de dignidad y derechos humanos.

La problemática se agudiza ante la disparidad entre las entidades federativas, donde algunos centros de reclusión presentan niveles de hacinamiento que dificultan la creación de entornos seguros. Especialistas en derechos humanos han instado al Poder Legislativo y a las instancias de procuración de justicia a revisar las medidas cautelares aplicables a mujeres embarazadas o con hijos pequeños, buscando alternativas que privilegien la integridad física y emocional de los menores.