Exigen al INVI devolver edificio ocupado ilegalmente durante dos décadas

Un grupo de ciudadanos y propietarios afectados presentó este lunes una exigencia formal ante las autoridades para la devolución inmediata de un edificio ubicado en la capital del país, el cual ha permanecido invadido durante los últimos 22 años. La movilización surge tras confirmarse que la última prórroga otorgada al Instituto de Vivienda (INVI) para la entrega física y jurídica del predio venció la semana pasada sin que se concretara el desalojo ni la restitución del inmueble a sus legítimos dueños.

Los representantes de los afectados han otorgado un plazo perentorio de 15 días hábiles para que el organismo de vivienda actúe conforme a la ley y desaloje a los ocupantes actuales. De acuerdo con los documentos presentados, el predio fue objeto de diversas irregularidades administrativas desde principios de siglo, situación que ha sido documentada ante diversas instancias de justicia local pero que hasta la fecha no había alcanzado una resolución definitiva por parte de las dependencias gubernamentales involucradas.

El INVI, como instancia responsable de la gestión de vivienda social, había mantenido el control del inmueble bajo el argumento de procesos de regularización que, según señalan los afectados, han superado cualquier límite razonable de tiempo. El equipo jurídico de los denunciantes enfatizó que la permanencia de los ocupantes carece actualmente de sustento legal, dado que los convenios previos que justificaban la ocupación temporal han perdido toda vigencia jurídica tras el vencimiento de la reciente prórroga.

La exigencia de los ciudadanos incluye una solicitud de intervención por parte de las autoridades de seguridad para garantizar que el proceso de desalojo se realice en estricto apego a los derechos humanos y sin generar conflictos sociales en la zona. Los afectados señalaron que, de no cumplirse con la entrega del edificio en el plazo de dos semanas, procederán a interponer nuevas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia para deslindar responsabilidades por la omisión de las autoridades encargadas de ejecutar los mandatos de restitución.

Hasta el cierre de esta edición, el INVI no ha emitido una postura oficial sobre el vencimiento del plazo ni sobre las medidas que tomará en los próximos días para atender la demanda. Mientras tanto, los vecinos de la zona han mantenido una presencia constante en el exterior del inmueble como medida de presión, exigiendo transparencia en el manejo de este conflicto inmobiliario que se ha extendido por más de dos décadas.