AT&T pierde 668,000 usuarios de prepago por el registro obligatorio en México

AT&T México reportó una disminución de 668,000 suscriptores en su modalidad de prepago durante el segundo trimestre de 2026, un impacto derivado directamente de la entrada en vigor de la política de registro obligatorio de líneas móviles. Esta normativa, que exige la vinculación de datos biométricos y personales de cada usuario ante las autoridades, ha generado un proceso de depuración en las carteras de clientes de los operadores nacionales.

A pesar de la reducción en el segmento de prepago, la compañía logró mitigar un golpe financiero más severo gracias a la estabilidad observada en su base de usuarios de pospago. Según los reportes financieros presentados por la empresa, el segmento de contrato mostró una mayor resiliencia ante las nuevas disposiciones regulatorias, manteniendo niveles de retención constantes que permitieron equilibrar parcialmente la pérdida de usuarios en el esquema de pago anticipado.

La industria de las telecomunicaciones en México se encuentra ajustándose a las nuevas exigencias de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las directrices de seguridad nacional. Este cambio normativo busca fortalecer el control sobre las líneas telefónicas, aunque ha implicado retos operativos significativos para las empresas del sector, quienes han tenido que implementar sistemas de validación más complejos para cumplir con los estándares de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Analistas del sector señalan que esta tendencia de pérdida de líneas podría estabilizarse en los próximos meses conforme los usuarios se familiaricen con los procedimientos de registro. Por su parte, el equipo corporativo de AT&T ha indicado que continuará trabajando en la transición de sus procesos comerciales para alinearse con el marco regulatorio actual, priorizando la retención de sus clientes de mayor valor dentro del mercado mexicano.

El impacto en el mercado móvil mexicano refleja las tensiones entre las políticas de seguridad ciudadana y la accesibilidad a los servicios de comunicación. Mientras el gobierno federal sostiene que estas medidas son necesarias para combatir delitos asociados al uso de dispositivos móviles, las empresas del ramo continúan evaluando el impacto económico a largo plazo que la reducción de sus bases de suscriptores podría tener en la infraestructura de red del país.